El incremento exponencial de las ciberestafas en España es una realidad preocupante. Según el último estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi la mitad de los españoles —el 47%— ha sido víctima o blanco de un intento de estafa digital durante el último año. Este fenómeno no solo afecta a particulares, sino también a empresas, poniendo de manifiesto la necesidad urgente de reforzar tanto la protección tecnológica como el marco jurídico.
En este contexto, Vanesa Fernández, reconocida experta de Reclama Phishing, proyecto desarrollado en colaboración con Bufete Iribarren Abogados, ha ofrecido en una reciente publicación de Economist & Jurist un análisis exhaustivo sobre el preocupante aumento del phishing y las reclamaciones asociadas, así como las consecuencias legales que ello conlleva.
La experta recalca que las reclamaciones derivadas de phishing y otros tipos de fraudes digitales se han multiplicado en los últimos tiempos. “El ciberfraude se ha convertido en una de las principales amenazas para las empresas españolas, no solo por su creciente frecuencia y sofisticación, sino por las profundas consecuencias jurídicas, económicas y reputacionales que conlleva”, señala Vanesa Fernández.
En este sentido, desde Reclama Phishing, con el respaldo y colaboración de Bufete Iribarren, se trabaja para ofrecer asesoramiento jurídico especializado a las víctimas, orientando en el proceso de reclamación y recuperación de fondos perdidos.
Además de las pérdidas económicas directas, Vanesa Fernández subraya que estas estafas suponen un daño reputacional muy significativo, especialmente para las empresas, que pueden ver mermada la confianza de sus clientes, proveedores y socios comerciales. “Una empresa que sufre un ciberataque no solo pierde dinero, sino también credibilidad, pues la confianza de clientes, inversores y socios comerciales puede verse gravemente afectada, especialmente si no se actúa con transparencia ni se comunica adecuadamente el incidente. En sectores regulados como el financiero, sanitario o tecnológico, el daño reputacional puede traducirse en pérdida de licencias, contratos o subvenciones” advierte.
Para hacer frente a esta creciente amenaza, la experta recomienda la adopción de protocolos internos rigurosos para la verificación de comunicaciones, la formación continua de empleados en la detección de señales de fraude y la promoción de una cultura de denuncia que permita activar mecanismos legales eficaces.
“Desde el punto de vista operativo, las empresas deberían invertir en tecnologías avanzadas de ciberseguridad. Es esencial formar a los empleados en detección de fraudes, verificación de órdenes y protocolos internos de alerta. Realizar auditorías legales y técnicas periódicas para evaluar la exposición jurídica y técnica de la empresa frente al ciberfraude”, apunta Vanesa Fernández.
La sofisticación creciente de los ataques, que incluyen técnicas como el “fraude del CEO”, el uso de deepfakes o el malware inteligente capaz de evadir sistemas tradicionales, hace que la respuesta deba ser integral y coordinada, combinando tecnología avanzada, educación continua y un marco legal actualizado y efectivo.
Reclama Phishing y Bufete Iribarren Abogados apuestan por esta visión integral, ofreciendo a las víctimas apoyo jurídico, acompañamiento en la reclamación y asesoramiento para implementar medidas de prevención robustas, contribuyendo así a reducir el impacto de este tipo de delitos que afectan a la sociedad y a la economía.
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